Fundamentos para una reacción legítima

Cuántas veces nos hemos encontrado con sonrisas cuyo fin es la de ridiculizar las tesis planteadas contra sistema vigente. Argumentos como ‘es imposible dar marcha atrás’, ‘el sistema es el que hay y no se puede cambiar’ entre otras han venido, en unas ocasiones a defender y en otras a presumir, la solidez del sistema que hoy vivimos. No obstante, en cuestión de unas semanas un agente infeccioso ha alterado la estabilidad de las superficiales vidas que nos rodean. Y ello, que en términos espirituales podría llevarnos a pensar sobre la fragilidad extrema de la criatura humana, también puede tener una lectura provechosa en el ámbito político. Y es que cuando vemos cómo el sistema tiembla de miedo e impotencia, pueden rebrotar ideas de alternativa al mismo. Por ello, quisiera trazar unos brochazo, más que pinceladas, sobre los fundamentos sobre los que la reacción debe asentarse para ser legítima.

  1. Objeto de la reacción

No cabe duda de que la reacción, semánticamente, precisa de un ente distorsionador de la realidad precedente para desarrollarse. En otras palabras, para reaccionar debe existir algo contra lo que hacerlo. Pero, ¿qué tipo de ente distorsionador es merecedor de una reacción legítima? La respuesta estriba en la proporción del ente distorsionado. Así, un bofetón inmerecido puede ser causa de una reacción por parte de la víctima proporcionada, o un delito puede ser causa de una reacción de carácter judicial. Si en nuestro caso, la reacción que estamos planteando se desarrolla en el ámbito político, la conclusión es que la distorsión original es de naturaleza política, o antipolítica más correctamente dicho (entendiendo por política la virtud moral prudencial que tiene como objeto el bien común de la comunidad en la que se desarrolla). 

Por ello, en nuestro análisis es preciso encontrar la distorsión de la realidad política que es causa de la reacción. Pues bien, si analizamos la Historia de España es lógico encontrar un cambio, un punto de inflexión en los principios que sustentan las mentalidades, instituciones… españolas en el s. XIX. Si tuviéramos que dar una fecha más concreta habría que discernir en torno a un debate: ¿se fija la fecha en la introducción de principios erróneos conectados entre sí o más bien en la institucionalización de los mismos? A mi juicio, la postura correcta se apoya en la segunda opción, puesto que la búsqueda concreta de aspectos incorrectos, heterodoxos… que van introduciéndose en las sociedades se haría imposible dada nuestra condición de naturaleza caída.

Recapitulando, la reacción tiene por objeto un ente político que penetra en España en el siglo XIX, primeramente estos cambios se producen de manera tremendamente convulsa, y ello durará incluso hasta la Cruzada del 36, y posteriormente se produce una institucionalización del error. Esa institucionalización se produce con la caída del Antiguo Régimen, golpe asestado por la usurpación dinástica y la implantación de la ideología liberal, siendo pues esta el objeto de la reacción que desde 1833 se ha venido produciendo. Siendo pues el liberalismo el objeto de la propia reacción, es obvio que los sistemas políticos que emergen del mundo configurado por el propio liberalismo no constituyen reacción al mismo, sino luchas internas de la Modernidad, donde se debaten la acentuación, los sujetos, los objetos… de principios como la soberanía, el Estado… Ello implica que estas ideologías nacidas del mundo moderno, pienso en el marxismo, cuya relación con el liberalismo es causal, o en el fascismo, que es dialéctica, vienen a confirmar los pseudoprincipios de la Modernidad en perjuicio del orden natural y social cristiano.

2. Legitimidad

La palabra legitimidad ha sufrido enormes, y terribles, metamorfosis con la llegada de la propia Modernidad. Pienso por ejemplo en el caso del liberalismo, que al plantear la división del orden de la naturaleza y el orden de la gracia, la naturaleza no encuentra en ella un orden puesto por el Creador, sino que ese orden es fruto de la voluntad de los individuos. En su aplicación jurídica, esto es innegable en la estrepitosa aniquilación que se pretende hacer del derecho natural, poniéndose el énfasis en el derecho positivo, aquel que los hombres se dan a sí mismo. Pero, perdido de vista el derecho natural, el derecho positivo pretende ocupar, en cierta medida, su lugar. Por ello, en un primer momento se divide la legalidad de la legitimidad, y una vez ensalzada la propia legalidad positiva, esta, en una tercera fase, acaba engullendo a la propia legitimidad, apareciendo el engendro jurídico liberal resumido en la sentencia: «La legitimidad deriva de la legalidad (positiva)».

Pues bien, esta visión del mundo no puede encontrarse más en contraposición con la visión católica clásica. La legitimidad viene pues da la adecuación con la ley pero, ¿qué ley? En el debate que se nos plantea, sobre la aparente conflictividad entre ley positiva y ley natural, santo Tomás establece una relación entre ambas que hace de la conflictividad que el mundo moderno pretende buscar un absurdo. Dice el Aquinate: «Mas la primera regla de la razón es la ley natural, como ya vimos (q.91 a.2 ad 2). Luego la ley positiva humana en tanto tiene fuerza de ley en cuanto deriva de la ley natural. Y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley» (1). No quisiera introducirme en las formas de la relación de la ley positiva que santo Tomás establece con la ley natural (2), por no ser el objeto de este artículo. Es suficiente haber esgrimido la relación entre ambas para percatarnos que en el orden político antiguo existe una correlación natural entre el hombre y la comunidad política en cuanto a su cuerpo legal. 

Estas consideraciones sobre el concepto de legitimidad me permiten remitir a un análisis en otro orden aparentemente que, por desgracia, queda totalmente oscurecido en nuestros días, y mucho antes. Si, como hemos dicho antes, la ley positiva que rige el sistema político antiguo es una prolongación, directa o indirecta, de la ley natural, es lógico pensar que al caer el sistema antiguo debido a la llegada de la revolución, con él cayó también la subsistencia de la ley natural en el cuerpo legal del sistema. Por ello, la ruptura liberal entre la el orden natural y el sobrenatural implicó la ruptura, directa o indirecta, de la legitimidad y la legalidad (antes era inconcebible su separación). Dada la vinculación entre ambos conceptos, la violación de la ley natural no pudo hacerse sin una previa violación de la legalidad. Por eso, la caída del régimen basado en la ley natural que constituía el orden antiguo no puede realizarse sin una caída de la legalidad mediante el fraude de la usurpación dinástica de 1833. 

Además, puesto que metafísicamente la relación legitimidad y legalidad sigue manteniéndose (englobando la legitimidad a la legalidad en tanto en cuanto la ley positiva participa de la natural), la vuelta a un orden social natural, que habilite a la gracia para que pueda operar en él, es decir, la vuelta a un orden social cristiano, no puede escindirse de la legitimidad dinástica que fue violada en el s. XIX. Y esto no sólo en orden a los conceptos previamente expuestos, sino a un deber de justicia para con los reyes que, con sacrificio y abnegación, siguen luchando contra la modernidad, habiéndose ello costado no sólo la Corona, sino una vida sacrificada y abnegada al servicio de la Santa Causa. Los intentos de restauración ajenos al legitimismo dinástico contribuyen a la confusión de separación, antimetafísica, de legitimidad y legalidad, apareciendo engendros estatales absolutos que, revestidos de reacción pretenden la perpetuación de los principios modernos que nos condenaron a la situación que padecemos. 

3. Conclusión

Quiera Dios que estas consideraciones que comparto con los lectores del Círculo tengan un doble vector de actuación. Siendo confirmación en los principios de los correligionarios y acicate en la búsqueda de la reacción legítima de los que no terminan de decantarse a sumar sus fuerzas a las filas de la Comunión Tradicionalista. A estos últimos me dirijo, especialmente, para llamarles a la reflexión, a percatarse que siendo la Tradición usurpada en España contra la dinastía legítima, es a sus miembros a quienes les compete el deber de dirigirnos en la cruzada contra los enemigos de Cristo Rey.

Termino con estas proféticas palabras de Carlos VII, en su Testamento político, que parecen escritas ayer mismo, dirigidas a nuestra Comunión Tradicionalista, encabezada por el Abanderado de la Tradición: «Mucho me habéis querido, tanto como yo a vosotros y más no cabe. Sé que me lloraréis como tiernísimos hijos; pero conozco el temple de vuestras almas, y sé también que el dolor de perderme será un estímulo más para que honréis mi memoria sirviendo a nuestra Causa. Nuestra monarquía es superior a las personas. El Rey no muere. Aunque dejéis de verme a vuestra cabeza, seguiréis, como en mi tiempo, aclamando al Rey legítimo, tradicional y español, y defendiendo los principios fundamentales de nuestro Programa».

Miguel Quesada

BIBLIOGRAFÍA

  1.  TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teología, I-IIae, q. 95, a. 2.
  2. Ídem. Diferencia entre las leyes derivadas por conclusión o directas, y las derivadas por la vía de la determinación, enfocadas a la concreción contingente de la ley natural en la ley positiva.

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